El Referéndum en Cataluña ¿Una crisis institucional?

Por David G. Miranda

El 1 de Octubre tuvo lugar uno de los episodios más traumáticos de la historia de la democracia reciente en España. El referéndum catalán por la independencia se transformó, lamentablemente, en una “crónica de un desastre anunciado” (parafraseando al gran García Márquez), debido a la reciente polarización del discurso independentista, y al término de la condescendencia del Estado español para con estas ya habituales consultas en la región catalana. La historia no es nueva, aunque sí lo es el escenario de abierta confrontación, ya no solamente política, a un nivel meramente discursivo y/o simbólico (recordemos la diada o día de Cataluña, que conmemora la caída de Barcelona en manos de los borbones en 1714, o la confrontación por las esteladas en los estadios de fútbol, entre otras controversias), sino que en esta ocasión el poder ejecutivo, al mando de Mariano Rajoy, decidió aplicar el más duro rigor de la ley, con la intención que el mencionado evento plebiscitario no se celebrase, algo que, ciertamente, fue imposible de conseguir.

El presidente optó por cerrar el paso a una iniciativa que no tiene espacio jurídico en la constitución española, haciendo énfasis en su carácter de ilegal. De ahí en adelante, y ante la insistencia de los líderes catalanes, avanzó en sus intentos por mantener el control de la situación, primero tomando el control de las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma de Cataluña, es decir restando autonomía económica, como un paso previo a la suspensión de la autonomía contemplada en el artículo n°155 de la Constitución Española; para luego ordenar  a la policía local autonómica (los Mossos d’Esquadra) que actuara en defensa de la constitucionalidad, realizando decomiso de material plebiscitario, así como las detenciones de las personas responsables, y finalmente solicitando la clausura de los colegios electorales, previo a la celebración de la consulta. Fue esta última decisión la que los Mossos pusieron en duda, al declarar que actuarían de acuerdo a criterios de “proporcionalidad”, y “velando por la seguridad y el orden público”. Ante dicho anuncio, el ejecutivo decidió reforzar la medida, convocando otro cuerpo policial de carácter nacional, la Guardia Civil, para que se movilizara y cautelara la aplicación efectiva de la medida adoptada en el Palacio de la Moncloa. Sin duda alguna, esta nunca será una receta recomendable, ya que incorporar dos policías con dependencias administrativas diferentes, en un ambiente de fuerte tensión política, no puede hacer otra cosa que perjudicar a los ciudadanos mediante la manifestación de un exceso de violencia indigno para un país como España.

Mientras tanto, a nivel ciudadano, las medidas adoptadas por el presidente no tuvieron un amplio respaldo, sino que desataron, como era de esperar, un escenario de división. Ello debido a que si bien muchos españoles no-catalanes tienen amplias divergencias con el independentismo, no necesariamente ven con buenos ojos que un acto que se atisba como democrático, sea prohibido, perseguido y castigado. Fue así como pudimos observar manifestaciones en contra de la decisión en varias ciudades españolas, entre ellas Madrid, solicitando incluso la dimisión del presidente. A su vez, la prensa nacional de diferentes tendencias, refuerza el discurso oficial (RTVE, El País, y El Mundo, los medios más connotados), realizando una cobertura de medios que se mantendrá de forma irrestricta por la unidad territorial del país. Por otra parte, este escenario, al cual debemos añadir la crisis económica que se arrastra desde 2008, de forma natural propicia el auge del discurso nacionalista extremo (tanto español como catalán), el cual sin duda no aporta elementos favorables para el entendimiento al interior de ninguna sociedad. En definitiva, una tormenta perfecta.

Si vamos un poco más allá, ya entrando en las cuestiones propias del referéndum, la pregunta era muy simple: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”, pregunta que por cierto se permite especificar la forma que adoptaría el estado catalán: el de una república, la antítesis conceptual de la monarquía, forma que se mantiene, al menos en términos nominales y simbólicos en el Estado español, a través de la denominada monarquía parlamentaria, fórmula adoptada en la transición post franquista. A este respecto, cabe señalar que la república es un modelo anhelado  por una buena parte de la izquierda española, dado que previo a la Guerra Civil, lo que se había instaurado en el país era, precisamente, una república. Debido a esto, la pregunta del referéndum contiene un mensaje indirecto a toda la población española, se sitúa en un terreno donde sabe que podrá obtener al menos un número significativo de simpatizantes fuera de su región autonómica, permitiendo dar mayor fuerza a su consigna de autodeterminación. Por otra parte, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, realiza un pequeño pero importante giro en su discurso hacia la Unión Europea, el cual inicialmente se posicionaba en realizar todos los intentos para mantenerse en su interior y no perjudicar a los ciudadanos con la pérdida de derechos, para  llegar a la reciente expresión “Somos Europeos, y seguiremos siendo Europeos”, pidiendo la intervención de Bruselas a su favor. Esta cuestión, incómoda a todas luces para la Unión Europea, ha sido objeto de una serie de expresiones que dejan en claro que en caso de constituirse un nuevo país, éste quedará inmediatamente fuera del acuerdo de integración, perdiendo entre otros,  el derecho a libre circulación por los países que la componen, así como la moneda única europea, el acceso a mecanismos conjuntos de subvención, por nombrar sólo algunos de los más relevantes.

En definitiva, los intereses de los diferentes actores han ido en múltiples direcciones, generando escenarios de disputa y confrontación en el espacio público y privado, poniendo en riesgo la estabilidad de uno de los grandes países europeos, que se cuenta entre las economías más importantes del mundo, y que es además uno de los protagonistas de la historia occidental. La divergencia en la percepción y la aplicación de los valores democráticos, y la toma de decisiones precipitadas han desembocado en una crisis que ha terminado por cuestionar las bases del funcionamiento orgánico de la nación española, la constitución, carta fundacional de toda institucionalidad, que busca dotar de sentido al orden social establecido, y lo que es más importante, de legitimidad.

Dada la confluencia de estos factores, se vislumbra un escenario que pondrá en tensión dos conceptos que debieran estar siempre unidos (aunque parezca una utopía): legalidad y legitimidad. Hoy en día se observa una fuerte tensión desde dicha óptica en relación a la aspiración independentista, por lo que será necesario revisar la legitimidad de las acciones emprendidas por sus respectivos líderes, así como su  relación con la dimensión normativa que da forma al orden social en España, para poder avanzar en alguna dirección que no sea la ruptura total, más allá incluso de la pretendida independencia.  Ya hay quienes se animan a dar augurios: ¿llamará Rajoy a elecciones anticipadas para dar mayor respaldo al gobierno? ¿profundizará España el modelo autonómico hacia uno decididamente federal? ¿se proclamará de forma efectiva la independencia unilateral de Cataluña? Más allá de la incertidumbre y de las múltiples interrogantes, esperemos que sus líderes no olviden la lección que llevó a Europa a unirse en un solo proyecto: El nacionalismo llevado a su extremo conduce inexorablemente a la barbarie.

About the author

David G. Miranda es Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en procesos de internacionalización en el ámbito de la educación superior y la investigación, áreas en las que ha desarrollado su actividad investigadora y su producción científica. Es miembro de la International Political Science Association (IPSA),  de la Asociación Chilena de Ciencia Política  y del Foro Académico Permanente América Latina, el Caribe y la Unión Europea.