En los últimos meses, hemos asistido a un debate público relacionado con la llamada “delincuencia juvenil” y la necesidad de avanzar en reformas jurídicas que respondan a una problemática planteada como prioritaria en la agenda de gobierno, con diversas propuestas de ley que inciden directamente en la convivencia pública a nivel nacional, desde la reducción de la edad de imputabilidad penal, hasta el endurecimiento de sanciones a jóvenes que infrinjan la ley, o la aplicación de controles preventivos de identidad extensiva a menores de 18 años. Siendo estrictos, para realizar una reforma de esa naturaleza, es totalmente imprescindible realizar una evaluación de la política pública, y un diagnóstico de realidad sobre la cual ésta actúa, como una forma de garantizar la aplicación de las tan anheladas “buenas políticas”, y tener evidencia sólida que de un sustento a la afirmación sobre si ésta amerita una nueva reforma, o no, en alguna de sus aristas.

En Junio de 2007, hace ya más de 12 años, en Chile se empezó a aplicar la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, que se alzaba como la primera norma que establecía en nuestro país imputabilidad penal para jóvenes entre 14 y 17 años, dejando atrás la noción jurídica de “discernimiento” tan cuestionado en la década previa. Durante los primeros años de implementación de esta ley, algunos estudios como el desarrollado por la Defensoría Penal Pública el año 2010 (“3 años de vigencia. Ley de Responsabilidad Penal Adolescente”), daban cuenta del aumento de los casos que involucraban a jóvenes en conflicto con la justicia. Sin embargo, a 12 años de implementada dicha ley, vale la pena revisar las cifras asociadas a las conductas infraccionarias de jóvenes.

De acuerdo a estadísticas del Ministerio Público, entre los años 2010 y 2018 los casos ingresados por actos ilícitos cometidos por jóvenes entre 14 y 17 años a nivel nacional disminuyeron un 34%, pasando de casi 48 mil casos a un poco menos de 32 mil.

Por su parte, las cifras de la Defensoría Penal Pública arrojan bajas muy similares a las ya señaladas a partir de los datos del Ministerio Público, registrando una baja de 36% de las causa - imputado ingresadas en el periodo 2010 a 2018 relativas a infractores juveniles.

Pero las preguntas que surgen a partir de estos resultados son ¿cuál es el origen de dicha tendencia a la baja en los últimos años? y lo que preocupa aún más ¿qué motivos justifican la necesidad de legislar para intentar reducir la edad de imputabilidad penal, implementar el control preventivo de identidad o endurecer las sanciones que involucran a jóvenes entre 14 y 18 años?

La respuesta a la primera pregunta plantea un gran desafío. No está claro que la baja en los registros de jóvenes infractores entre 14 y 17 años esté directamente asociada a la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, aunque no podría descartarse como hipótesis. Los cambios en las tendencias normalmente son fenómenos multidimensionales que podrían asociarse a reformas estructurales y cambios en las condiciones sociales de grandes volúmenes de población, aunque hay que hacer notar que el gran cambio en esta materia en las últimas décadas corresponde precisamente a la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente.

Por otra parte, con la aplicación de esta nueva ley, los costos asociados a la participación de un menor de edad comenzaron a experimentar cambios: ya no solo eran responsables penalmente los mayores de 14 años, sino que además la aplicación de la medida de internación provisoria, explicaría tiempos de inhabilitación por efecto del encierro que antes no existían.

Pero esta podría ser solo una de las explicaciones a plantear. También sería interesante entender qué ocurrió con los registros de adultos. De acuerdo a las estadísticas de la Defensoría Penal Pública, mientras las causa - imputado ingresadas de jóvenes disminuían en 36% entre 2010 y 2018, las de adultos permanecían estables. Es decir, la baja no es posible de atribuir a un fenómeno o tendencia de la actividad delictual en general.

Otra posible respuesta frente a estos hechos podría relacionarse con el efecto que un determinado tipo de delito pudiera ejercer sobre el total de ilícitos cometidos. Sin embargo, tomando como base los registros del Ministerio Público ello debe descartarse. Según estadísticas del órgano persecutor, prácticamente todos los delitos cometidos por jóvenes evidencian bajas en el periodo 2010 y 2018, siendo alguna de las más significativas aquellas vinculadas a faltas (-56%), y robos no violentos (-54%), tendencia que se ratifica si se analizan las cifras de la Defensoría Penal Pública. En definitiva, para abordar el problema, hay que tomar consciencia de los siguientes elementos:

 

  1. El principal cambio estructural relevante que afecta a los jóvenes en este rango de edad estuvo dado por la implementación de la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente.

 

  1. En los últimos años de implementación de ésta, los registros evidencian bajas en los casos y en el número de jóvenes infractores ingresados al sistema penal por motivo de infracción a la ley.

 

  1. La tendencia a la baja se presenta en los jóvenes, no así en los adultos, donde se mantiene.

 

  1. Esta importante baja no está asociada a algún tipo de delito en particular sino a la globalidad de ellos.

 

 

Pero aún queda pendiente la respuesta al segundo grupo de preguntas que nos planteáramos al iniciar esta columna ¿qué motivos justifican la necesidad de legislar para intentar reducir la edad de imputabilidad penal, implementar el control preventivo de identidad o endurecer las sanciones que involucran a jóvenes entre 14 y 18 años?

Uno de los ejemplos más recientes sobre esta temática de debate público se observa en los fundamentos del proyecto de ley, en tramitación en el congreso, “que fortalece el control de identidad por parte de las policías”, del 29 de marzo de 2019, donde se señala que uno de los motivos para la medida sería que se observa un “aumento de adolescentes en la participación de delitos de alta connotación pública. Si bien es cierto que los delitos cometidos por adolescentes han disminuido en términos generales, no es menos cierto que ha existido una alta participación en delitos violentos durante el año 2018, tales como, robo con violencia o intimidación (donde los menores detenidos representan el 22,8% del total de personas detenidas por este delito); robo de vehículos (28,9% del total de personas detenidas por este delito); y robo por sorpresa (19,7% del total de personas detenidas por este delito)”.

 

Dichas cifras omiten datos relevantes de acuerdo a lo reportado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde en 2018 los jóvenes entre 14 y 17 años detenidos por Delitos de Alta Connotación Social alcanzaron un total de 16.206 , en relación a un total de 147.402 personas, lo cual arroja un porcentaje de un 10,9%, por lo que sería recomendable para el debate público fundamentado, considerar que en este tipo de delitos, el tramo entre 18 y 29 años, alcanza un porcentaje de 41% y,  de 30 a 49 años, un 38%. En definitiva, el tramo etario entre 18 y 49 años concentra 79% de los delitos de alta connotación social, por lo cual podemos señalar que del total de delitos cometidos el año 2018, uno de cada diez corresponde a jóvenes entre 14 y 17 años, y ocho de cada diez se concentran entre 18 y 49 años. Todo ello, sin mencionar la propuesta de reducción de edad de imputabilidad penal, considerando que en los delitos de mayor connotación social, la participación de menores de 14 años no alcanza el 1%.

 

Es importante poner de relieve que en este escenario, y conociendo el comportamiento que han tenido las estadísticas relativas a jóvenes entre 14 y 17 años, es absolutamente contradictorio que la atención esté puesta en los jóvenes y no tanto en la participación de adultos en actividades delictivas, el cual constituye el mayor problema de seguridad pública a la luz de las cifras.  

 

En tiempos de posverdad y la tentación siempre poderosa de los populismos (de izquierda o derecha), es responsabilidad de todos contribuir a un debate público fundamentado en evidencia, considerando que los antecedentes estadísticos e históricos deben ser siempre insumos necesarios en la discusión de cualquier política pública. Sin ellos, muchas veces la sola percepción puede inducirnos a errores que, a la larga, podrían ser más complicados que aquello que se dice combatir.

About the author

David G. Miranda es Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en procesos de internacionalización en el ámbito de la educación superior y la investigación, áreas en las que ha desarrollado su actividad investigadora y su producción científica. Es miembro de la International Political Science Association (IPSA),  de la Asociación Chilena de Ciencia Política  y del Foro Académico Permanente América Latina, el Caribe y la Unión Europea.

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